El Gobierno ha revisado ligeramente a la baja el ahorro de energía que el país debería conseguir en 2020. Hace tres años auguraba una reducción del consumo del 26,4% sobre el escenario base, pero ahora espera que se quede en el 24,7%, aún así casi cinco puntos básicos por encima del objetivo del 20% establecido por la legislación comunitaria.
El Ministerio de Energía ha concluido el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020, un informe trienal exigido por la Directiva 2012/27/UE en el que se rinden cuentas a la Comisión Europea de la evolución del país en la materia.
Hace tres años, en el anterior Plan, el Gobierno barajaba unos peores escenarios macroeconómicos y auguraba que España ahorraría un 26,4% de energía al final de la década en relación al escenario tendencial -el que habría si no se adoptaran medidas-, que toma 2005 como año base. Sin embargo, ha mejorado mucho la economía -el año pasado el PIB creció un 3,2%, más del doble de lo previsto hace tres años-, lo que se traduce en un menor ahorro de energía: se quedará en el 24,7% en 2020; consumiremos 122,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep), lo que supone unos 40,2 millones de tep menos que en el escenario tendencial.
Abundantes subvenciones
El Plan desarrolla exahustivamente las medidas aplicadas durante los últimos años para reducir el consumo de energía: los impuestos que gravan la energía desde el año 2012 -responsables de un tercio del ahorro obtenido-, los planes Pive para fomentar la renovación del parque de vehículos -1.115 millones de euros repartidos en ocho ediciones-, las subvenciones del Instituo para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae), las del Ministerio de Agricultura, el fomento de la competitividad industrial... En total, el documento indica que solo entre 2014 y 2015 se han destinado más de 1.700 millones.
Fondo Nacional de Eficiencia Además del objetivo de ahorro del 20% sobre el escenario tendencial, la citada Directiva establece otro objetivo: ahorrar el equivalente al 1,5% de las ventas anuales de energía de las empresas entre 2014 y 2020. España también lo cumplirá holgadamente, gracias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que recauda algo más de 210 millones anuales y contra el que las compañías han recurrido profusamente al Tribunal Supremo. Éste, en octubre del año pasado, elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE para comprobar su legalidad. El 70% de las empresas se someten a la auditoría energética Casi 3.800 grandes empresas debían haber sometido a una auditoría energética durante el año pasado a sus cerca de 27.300 locales y, según revela el Plan, acabaron haciéndolo un 70%, ya que 2.659 empresas ya han remitido 15.476 auditorías al Registro central correspondiente. Estos datos son ligeramente mejores que los manejados por la patronal de los auditores, A3E, que augura que solo un tercio de las empresas piensa implantar medidas de eficiencia derivadas de la auditoría. Sobre este punto, el Plan recuerda que una de las líneas de ayudas del Idae se destina a las actuaciones de eficiencia en la Pyme y en la gran empresa del sector industrial. En su primera convocatoria -en la que arrasaron las empresas catalanas- se otorgaron 49 millones en subvenciones a fondo perdido; en la segunda, ahora en marcha, se dispone de 63,6 millones. Rehabilitado el 3% anual de los inmuebles de la Administración La Administración, en contra de lo esperado, ha conseguido cumplir con el mandato legal de rehabililtar al menos el 3% de la superficie de su parque inmobiliario. Era algo muy difícil de conseguir, ya que las inversiones públicas en eficiencia energética se suelen traducir en prohibido déficit porque las normas contables de Eurostat exigen que se contabilice el valor del activo sobre el que se actúa, que habitualmente es un inmueble. Pero según revela el Plan, ente 2014 y 2016, ambos inclusive, el Estado rehabilitó 937.826 metros cuadrados, el 104% de la superficie que le correspondía durante el periodo. Ese 4% de exceso servirá para justificar el cumplimiento del objetivo de renovación en los años venideros. El Ministerio está impulsando que se modifique el citado criterio contable de Eurostat. Ha conseguido formar una alianza con Portugal, Italia y Francia, y que el Consejo de Ministros de Economía, el Ecofin, estudie el problema con vistas a solucionarlo. Cerrado un expediente europeo Por otro lado, el BOE ha publicado el Real Decreto 564/2017, que define lo que España entiende por edificio de consumo de energía casi nulo y reduce las exenciones anteriormente vigentes para que ciertos edificios, como los históricos, reciban la certificación energética, porque eran demasiado extensas. Con la publicación se termina de trasponer la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de los edificios, y se debería cerrar un expediente abierto por Bruselas contra España por el retraso. El nuevo decreto apunta que las características de los edificios de consumo de energía casi nulo -deben consumir muy poco y abastecerse con energía renovable producida in situ o en el entorno- sean las que determine en cada momento el Código Técnico de la Edificación. También incluye la obligación de que todos los inmuebles nuevos de titularidad pública que vayan a estar ocupados sean de consumo casi nulo después del 31 de diciembre de 2018.
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